TIP FISCAL

Decreto 139

 

LEY QUE REGULA LAS ACTIVIDADES DE LOS AGENTES PROFESIONALES INMOBILIARIOS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

 

Te recordamos que  los agentes inmobiliarios y/o las agencias inmobiliarias del estado de  Baja California, tienen las siguientes obligaciones:

 

I.- Tramitar ante la Secretaría su inscripción en el Registro mediante la acreditación obligatoria del programa de preparación en materia inmobiliaria;

 

II.- Revalidar su inscripción en el Registro y la licencia respectiva, con la periodicidad que se previene en la presente Ley;

 

III.- Sujetarse a los programas periódicos de capacitación, particularmente los programas de actualización en materia de intermediación inmobiliaria que con carácter obligatorio establezca la Secretaría durante el primer bimestre de cada año, mismos que deberán acreditarse para obtener la revalidación de la inscripción en el Registro y la licencia respectiva.

 

Esta obligación podrá ser eximida por la Secretaría cuando se acredite mediante constancia expedida por alguna Dependencia Pública, Institución Educativa o Empresarial reconocida oficialmente, que se ha obtenido el adiestramiento en la materia;

 

IV.- Dar aviso por escrito a la Secretaría de cualquier modificación que afecte los datos contenidos en el Registro y en su caso, en la licencia;

 

V.- Permitir que se lleven a cabo las visitas de inspección que ordene la Secretaría para verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y sus disposiciones reglamentarias;

 

VI.- Conducirse con honestidad y ética profesional, así como proteger los intereses legales y financieros de sus clientes respecto de las actividades de intermediación inmobiliaria en que intervengan;

 

VII.- Extender a favor del cliente en la contratación de servicios inmobiliarios, la factura o recibo oficial u otro documento legal idóneo que ampare el pago del anticipo pactado por concepto de honorarios por la prestación de servicios inmobiliarios;

 

VIII.- Recibir las cantidades de dinero suficientes para el pago de los trámites propios de las intermediaciones inmobiliarias, extendiendo los comprobantes legales correspondientes.